Fiscalía de Bogotá confirma que no existe una orden de captura contra Luisa Ortega Díaz

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La Fiscalía 63 de Bogotá aseguró que no ha emitido una orden de captura contra la fiscal general Luisa Ortega Díaz, exiliada en Colombia, por negarse a comparecer ante la justicia, como publicó en Twitter la revista Política y poder.

“No, no existe tal medida”, confirmó a Efe una fuente de la Fiscalía colombiana consultada sobre el caso que Ortega Díaz enfrenta en Colombia, sin dar detalles.

El delito por el que Ortega Díaz está acusada es el de calumnia, por el que no se podría en ningún caso emitir una orden de captura contra ella.

“Realmente no existe una orden de captura, porque el proceso que aparece en contra de ella es por calumnia. Y la calumnia es un delito querellable, o sea que se llama a conciliación. Nunca se va a hacer una captura por una calumnia“, añadió la misma fuente.

Indicó que Ortega sí fue citada en el contexto del mismo proceso en tres ocasiones el año pasado y nunca se presentó, pero este año no la han citado.

Un mensaje publicado este lunes 5 de octubre en Twitter por la revista Política y poderafirmaba que la justicia colombiana había emitido una orden de captura contra la fiscal general.

Emiten orden de captura en Colombia contra la exfiscal venezolana Luisa Ortega Díaz por negarse a comparecer ante la justicia colombiana. La orden fue emitida por la Fiscalía 63 de Bogotá”, aseguraba este medio.

Ortega desmintió la información en Twitter: “No existe en Colombia ninguna orden de captura o citación en mi contra”.

 

“Esta es otra mentira montada por el andamiaje comunicacional del régimen criminal que me ataca por lo que hemos logrado a favor de la justicia internacional. ¡No me detendrán!”, escribió en un mensaje posterior.

La fiscal fue destituida en agosto de 2017 después de mostrar diferencias con el régimen de Maduro y en su reemplazo fue nombrado Tarek William Saab.

Fue la primera en abrir la puerta a una ola de investigaciones contra el régimen.

Ortega Díaz es la misma fiscal general que llevó los casos de responsabilidad penal en contra de centenares de opositores durante las protestas antigubernamentales de 2014, entre ellos el que condujo al líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, a una condena de casi 14 años de prisión.

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