Fundaredes exige atención médica para Javier y Rafael tarazona, positivos a COVID-19

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La ONG Fundaredes exigió este miércoles al Estado el traslado «urgente» a un centro de salud y atención médica para el director de esta organización, Javier Tarazona, y su hermano y activista Rafael Tarazona, quienes, tras 104 días de detención, dieron positivo por la COVID-19, según su abogado, Zair Mundaray.

«He tenido conocimiento hace minutos, que los hermanos Tarazona, de Fundaredes, ilegalmente detenidos por orden de Maduro por defender derechos humanos, han dado positivo en la prueba de COVID-19. Deben ser liberados y atendidos urgente. Lo que les ocurra es responsabilidad de la dictadura», publicó Mundaray en su cuenta en Twitter.

Tras conocerse la información, la gerente de documentación y derechos humanos de Fundaredes, Clara Ramírez, recordó que los hermanos Tarazona y Omar García -otro activista de Fundaredes detenido sobre quien no se detalló si también tiene esta contagiado- tienen «enfermedades de base diagnosticadas antes de su detención arbitraria».

«Hacemos un llamado para que sean trasladados de manera urgente e inmediata a un centro médico, para que reciban atención médica, para que cuenten con observación permanente», solicitó Ramírez en un video publicado en el Twitter de Fundaredes.

Desde la ONG instaron a las autoridades a que «sea respetado y garantizado el derecho a la vida» de sus compañeros y pidieron que se informe a la familia sobre su «verdadero estado de salud».

Los activistas resultaron detenidos el pasado 2 de julio e imputados por incitación al odio, terrorismo y «traición a la patria».

Antes de su detención, los hermanos Tarazona y García habían presentado unas denuncias en el Ministerio Público para que se investigara la supuesta relación del Estado con miembros de grupos guerrilleros, como las extintas FARC y el ELN, algo que la Fiscalía calificó de «difamaciones».

Javier Tarazona fue la voz que informó, a falta de datos oficiales, acerca del conflicto que comenzó en marzo pasado entre las Fuerzas Armadas y disidentes de las FARC en el estado Apure (fronterizo con Colombia) y que se prolongó por aproximadamente dos meses con un saldo indeterminado de fallecidos.

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