La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) del régimen de Maduro aprobó la “Ley Antibloqueo”

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La Asamblea Nacuonal Constituyente (ANC) aprobó este jueves la “ley antibloqueo” propuesta por el líder del régimen Nicolás Maduro.

Los constituyentistas presentes aprobaron el “proyecto de ley” de forma unánime durante la sesión que servirá, según ellos, para “hacerle frente a los ataques imperiales y reimpulsar el aparato productivo del país”.

Esta ilegítima ley le da al usurpador de Maduro la autorización de realizar supuestos mecanismos de financiamientos de “políticas públicas nacionales” con la presunta finalidad de solventar la crisis en el país sin reconocer que las gestiones chavistas fueron las que llevaron el país al declive. De tal forma, se escudan en las distintas sanciones internacionales contra los dirigentes de la tolda roja y sus allegados.

La “ley” fue aprobada por la ANC cubana, un cuerpo no reconocido por varios países, luego de un único debate en el que no se discutieron los 44 artículos, sino que tres oradores defendieron la necesidad de darle luz verde con urgencia.

Este marco legal tiene como razón de ser, según su artículo 1, proveer al “poder público” de herramientas jurídicas para “contrarrestar, mitigar y reducir, de manera efectiva, urgente y necesaria, los efectos nocivos generados por la imposición” de sanciones financieras, principalmente las aplicadas por Estados Unidos.

Según el artículo 19, “cuando resulte necesario para superar los obstáculos o compensar los daños (de las sanciones)” el Ejecutivo procederá a “inaplicar para casos específicos aquellas normas de rango legal o sublegal cuya aplicación resulta imposible o contraproducente”.

El presidente de la ANC cubana, Diosdado Cabello, insistió en que estas “inaplicaciones” se harán sin violar la Constitución venezolana, aunque la misma ley establece que sus apartados tendrán acción preferente sobre el marco legal preexistente.

Este blindaje “antibloqueo” otorga también facultades al Ejecutivo para la “celebración de todos los actos o negocios jurídicos que resulten necesarios” para la protección de activos nacionales, así como para “impedir o revertir actos o amenazas” que atenten contra las riquezas de la república.

Todo esto, subrayó Cabello, sin perjuicio del artículo 303 de la Constitución que ordena al Estado conservar la totalidad de las acciones de la petrolera estatal Pdvsa, encargada de administrar las mayores reservas de crudo del mundo, con las que cuenta el país suramericano.

La ley, además, declara “secretos y reservados los procedimientos, actos y registros efectuados con ocasión de la implementación de alguna de las medidas” que impliquen inaplicación de normas, lo que prohíbe, ahora formalmente, el control legislativo del Ejecutivo y que los ciudadanos conozcan en tiempo real cómo se manejan dineros públicos.

Esta confidencialidad se deberá mantener “hasta 90 días posteriores al cese” de las sanciones o circunstancias que hayan “propiciado la situación”.

La única auditoría contemplada queda en manos de la Contraloría General de la República, que podrá solicitar al Ejecutivo algún reporte y, en menor medida, el Poder Judicial podrá “tramitar solicitud” de acceso a estos expedientes, pero por medio de la Contraloría.

La “ley” tendría vigencia hasta que cesen las sanciones.

Algunos dirigentes del chavismo que han sido críticos con el régimen en los últimos años han rechazado este proyecto de ley al considerar que “convalida la entrega del país”, o al menos así lo expresó en Twitter Rafael Ramírez, quien presidió Pdvsa durante más de 10 años.

Maduro ha asegurado que la legislación fue consultada con todas las autoridades regionales y municipales pero el gobernador del estado Anzoátegui, el opositor Antonio Barreto Sira, dijo a Efe que ni él ni los otros tres gobernadores contrarios al chavismo fueron tomados en cuenta en este proceso.

Con información de EFE y La Patilla

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